Cuando se anunció la última de las reformas eléctricas pensé que para bien o para mal se iba a cerrar una etapa de incertidumbre que estaba afectando a todos los agentes del sector. Muchos analistas, inversores, banqueros, empresarios y demás afectados esperaban ansiosos las nuevas directrices a fin de evaluar cuales debían ser las acciones a tomar para poder afrontar lo que se había planteado como un reparto equitativo del peso de la reforma.
Nada más lejos de la realidad. A última hora de la tarde del día 12 de Julio de 2013 el único dato cierto es que el Gobierno plantea una subida inmediata de los peajes en un 6,5%, que cuando menos conducirá a una subida de la Tarifa de Último Recurso del 3,2%.
Y ni siquiera esto es un dato cierto porque no se sabe si en la próxima subasta de CESUR se producirá un incremento adicional de proporciones similares. El otro dato cierto es que el cambio del nombre de Tarifa de Último Recurso (TUR) por el de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), aspecto tan relevante que ha merecido el mismo tiempo de exposición por parte del Ministro que los dedicados a otros aspectos de mayor calado. Esto de por sí ya da una idea del nivel de la reforma y su puesta en escena. Chanzas aparte, le puedo asegurar a todo el Gabinete Ministerial, el Consejo de Ministros y la propia Presidencia del Gobierno que si de verdad fuera "Voluntario" muchos "Pequeños Consumidores" no lo pagarían. Sería de agradecer que el tiempo dedicado a este afán creativo se dedique a aspectos de mayor calado.
Entrando en los detalles de la llamada reforma, de gran calado por ser un "pedazo de reforma" como se ha descrito en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a pesar de tanta creatividad ha pasado por alto aspectos extremadamente importantes como son los mecanismos de fijación de precios del mercado, la política de desarrollo estructural como sería el mix energético o las redes de interconexión entre otros. Al final sigue siendo una cuadratura de una hoja de cálculo donde de manera arbitraría y en un ejercicio desde arriba hacia abajo se han fijado los repartos de costes. Para hacer esto, no se ha trabajado con los afectados ni analizado las consecuencias económicas completas. En definitiva, un trabajo que podía haber realizado un recién licenciado sin experiencia con todo el respeto al amplio, avezado y muy cualificado equipo de funcionarios, asesores y otros intermediarios.
Como he indicado a estas horas de la tarde solo se sabe que aproximadamente 6 GW de ciclos combinados gas se podrán hibernar, que 2.700 millones de euros los tendrán que absorber en partes aproximadamente iguales las compañías de distribución y transporte y los productores del régimen especial, que en algún momento el Gobierno encontrará la manera de cambiar la ley para que se ponga en marcha una central nuclear que no se necesita, que se ha definido una "rentabilidad razonable" para nuevas y antiguas inversiones que nadie ha manifestado aproximadamente como se calculará la "razonabilidad" del valor de la inversión quedando este aspecto a la libre y unilateral discrecionalidad del Gabinete Ministerial, que aparecerá un numero indeterminado de comercializadoras que comprarán la energía a un número menguante de compañías generadoras y en ese entorno serán capaces de mejorar los precios al consumidor final que estarán acogidos a un "Precio Voluntario" que no determinan esas nuevas compañías, produciendo un ahorro aproximado indeterminado. Se sabe que habrá un Real Decreto Ley y un Real Decreto pero no está determinado que se contendrá en cada uno de ellos, y de hecho en los medios se baraja un abanico de ocho Reales Decretos a desarrollar.
A este pasmoso conjunto de "aproximadamentes" tenemos que añadir el curioso espectáculo proporcionado entre dos Ministerios de peso jugando a la luz pública a los desmentidos y peleas de patio.
En estos momentos 55.000 pequeños inversores que confiaron en el Estado no saben si van a quebrar, dado que el Estado les promete una rentabilidad razonable pero al mismo tiempo se reúne con la Banca para avisarles que deben ser buenos chicos y refinanciar o hacer quitas a esos pequeños inversores. Evidentemente la Banca le ha dicho al Estado que NINI (Ni lo van a hacer, Ni se lo debe pedir el Estado). Quitando el hecho nada baladí de que en estos momentos el 25% de la Banca está nacionalizada y por lo tanto debería ser ese otro Ministerio tan bien avenido el que debería dar la famosa refinanciación, fácil de otorgar por la "razonabilidad" avalada por el Estado, a través del ICO y de sus propios bancos.
Por otro lado tenemos a las eléctricas tradicionales. Se les reúne de urgencia el día anterior para comunicarles, que no consensuar, lo que va a acontecer. Los accionistas de esas compañías, y de otros grandes agentes cotizados, desconocen lo que va a pasar y deciden que mejor ver el encierro desde las barreras no sea que vayan a salir corneados. En promedio en un solo día se ha volatilizado entre el 5% y el 8% del valor en bolsa de las compañías, lo cual es de por sí un valor muchísimo mayor que los recortes que deben absorber aproximadamente. El problema es que el valor volatilizado para estas compañías no es aproximado, es concreto y tiene hasta decimales.
Entrando de manera específica en los cambios de mecanismo de retribución a las renovables habría que apuntar varios aspectos no menores:
- Contrariamente a lo que argumenta el Ministerio acerca del respaldo dado por el Tribunal Supremo a la valoración de no retroactividad de las medidas adoptadas en el pasado reciente, un lectura cuidadosa de la resolución lo que dice es que la Seguridad Jurídica no se puede anteponer a los designios del Gobierno si existen circunstancias razonables que lo justifican. Ya es grave que un tribunal de última instancia argumente que la Seguridad Jurídica es un aspecto que puede ser obviado. Lo puedo entender por parte del Ministerio al que acucian los problemas pero no lo puedo entender de parte del Tribunal Supremo. La otra cosa grave es la discrecionalidad del término "razonable"
- Si el Estado creía tener el respaldo jurídico suficiente para avalar los recortes ya acometidos, tengo curiosidad por ver como se puede defender en todos los foros en que se van a presentar contenciosos que este cambio total del esquema de retribución para instalaciones ya existentes no es retroactivo. En estos momentos está en curso el arbitraje dentro del marco del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por parte de 16 fondos de inversión. 4 fondos más están cerrando los plazos para abrir otro arbitraje y a no dudar en cuanto se concreten las medidas alguno más se animará.
Hay que resaltar el continuo y profuso uso de los Reales Decreto Ley que fueron concebidos como herramientas de urgencia y que aparentan ser usados para hurtar al individuo o empresa nacional la posibilidad de acudir a los tribunales. En cualquier caso, y para los recortes anteriores, al menos tres comunidades presentaron recursos de inconstitucionalidad.
- Aunque desde el punto de vista legal el Estado consiguiera resultados positivos a sus intereses, lo que no se debe olvidar el que la Seguridad Jurídica no es algo que tienes, es algo que te ganas, y si el inversor piensa que no ofreces Seguridad Jurídica, por mucho que lo afirme el Tribunal Supremos o el Estado, no invertirá. Si el Estado pierde se enfrentará a tener que compensar a esos fondos, factura que pagaremos con nuestros impuestos, y posiblemente a trasladar las mismas compensaciones o similares a los agentes nacionales a los que temporalmente ha cerrado el camino contencioso.
- Por último, y en respuesta a los comentarios vertidos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, solo se ha producido en la historia del sector eléctrico una regulación justo antes del cambio de Gobierno. Fue el 12 de Marzo del año 2004, donde en el último gabinete de gobierno por parte del Ejecutivo de José Mª Aznar se aprobó el Real Decreto 436/2004. El denostado Real Decreto 661/2007 fue en realidad un recorte del marco retributivo del RD 436/2004 y, curiosidades de la vida, el entonces Secretario de Estado para la Energía D. Ignasi Nieto diseñó un marco retributivo para proporcionar una rentabilidad razonable del 7,5%.
El Sr. Nieto, a diferencia del Ministerio actual, se reunió con todos los agentes del sector, propios y ajenos, para poder determinar los costes de inversión en esos años y diseñar las tarifas que proporcionaban dicha rentabilidad. En dicho análisis participaron desde agentes gubernamentales como el IDAE o la CNE, centros tecnológicos, patronales, agentes industriales e inversores. Debe tenerse en cuenta que IDAE conocía además los costes de primera mano porque tradicionalmente había invertido en todas las tecnologías a fin de tener un conocimiento real y cercano de las mismas y poder desempeñar su labor con efectividad.
Como tuve el honor de ser uno de los muchos que participó en aquel proceso estaré encantado de compartir los datos con el Ministerio si lo considera relevante. Pero el mensaje es claro, la tarifa que proporcionaba la rentabilidad que recogen algunos de los propios folletos de IDAE, órgano del Ministerio, es la que se definía en el RD 661/2007. El recorte que en el caso de la fotovoltaica ha alcanzado entre un 35% y un 40%, como el propio Ministerio reconoce al rogar a los bancos que sean comprensibles, da rentabilidades negativas. Incrementar los recortes llevará a quiebra de pequeños accionistas y a que los bancos ejecuten garantías personales y esto se sabe. Por lo tanto si se sabe, y a pesar de eso se legisla para que ocurra, no se que nombre legal tiene pero en castizo seguro que se nos ocurre algo.
El porque la fotovoltaica ha llegado donde ha llegado tiene que ver con un gran desorden de la administración y no un enriquecimiento desmedido de esos pequeños inversores que van directos a la ruina. Sugiero leer el artículo "¿Cómo fue posible? Íbamos a por 400 y volvimos con 4.000"
Y ahora va detrás el resto, tanto las demás renovables como las convencionales. Esta reforma no evita que el sistema quiebre, directamente lo lleva al borde de la quiebra. De entrada las compañías eléctricas están preparando despidos como su patronal se ha aprestado a anunciar. El sector del régimen especial ya ha amortizado más de 80.000 puestos de trabajo. No hablamos de 700 como algún miembro del Ministerio apunta con sarcasmo.
Desde el punto de vista del consumidor, este sistema apuntala que en los próximos años se produzca un encarecimiento progresivo del precio de la electricidad. Los costes regulados se han bloqueado, pero se actualizaran de manera automática y por otro lado los costes de generación convencional con el paso del tiempo repercutirán los recortes y por su propia naturaleza tienden al alza al incorporar costes variables que suben con el coste de la vida. Se han eliminado inversiones en infraestructuras que podrían ayudar a reducir el precios, como son las interconexiones o nuevas tecnologías de generación. Se mantienen activos que no son necesarios como es el caso de la central nuclear de Garoña por meras consideraciones políticas. Se cierran las puertas a modelos de negocio de generación distribuida.
Si el tono del artículo no es el adecuado o los datos no son correctos no dudaré en disculparme y enmendar lo que haga falta. Pero nace de la decepción y el desconcierto. No creo que el sector eléctrico se merezca este desorden.
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