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lunes, enero 07, 2013

¿Dónde está el déficit de tarifa en Alemania?

Instalación en Adlershof - Alemania
Autor: Chmee2 Licencia CC3
Uno se debería preguntar, si como quiere apuntar algunas fuentes tendenciosas, si el famoso déficit de tarifa en España es debido a la prima de la energía fotovoltaica respondiendo a las siguientes cuestiones:

(1) ¿Porqué las continuas subidas del precio final de la electricidad para el consumidor no logran embridar semejante problema? 

(2) ¿Porqué las duras y controvertidas medidas de ajuste sobre las primas no se están traduciendo en una reducción del ajuste en la contribución de las mismas al llamado déficit de tarifa?

(3) ¿Porqué otros países con similares o mayores desarrollos de la fotovoltaica no sufren este problema?

La primera de las preguntas nos debe llevar a analizar el desglose de los conceptos que alimentan el dichoso déficit. Recordemos que ya en su día definimos el concepto en la entrada Reforma del sector eléctrico. Básicamente el coste del kW de electricidad que paga el consumidor final responde en un 50% a los costes de generación convencional, y se fija mediante 4 subastas de carácter trimestral, y en otro 50% a los llamados peajes o costes del sistema (es decir el deficit, la deuda del déficit, las primas, los costes de distribución, los costes de los organismos públicos, ...).

La diferencia entre los anteriores costes previstos y el coste "real" es lo que se llama Déficit de Tarifa. Entrecomillo el término "real" porque al no existir una auditoría y transparencia en todos los costes del sistema, ese déficit nunca ha sido explicado de manera sencilla y acaba siendo un acto de fé que se haya generado. Pasamos de estar interesados en saber como se genera a buscar el culpable de la generación del mismo. O lo que es lo mismo pasamos de preocuparnos de las causas reales de la enfermedad a tratar solo los síntomas.

Si el Déficit de Tarifa se debiera solo al incremento de los conceptos de intereses de la deuda y de las primas a las renovables, el reparto entre los costes de generación y los peajes se hubiera debido desequilibrar drásticamente en los últimos cuatro años. Sin embargo estos mantienen una curiosa tendencia al equilibrio del 50%. Curiosamente los costes de generación convencional tienden de manera sospechosa a subir a la misma velocidad que los peajes, retroalimentando el crecimiento del Déficit de Tarifa. Es decir la factura de la luz sube para el consumidor final al doble de la velocidad de lo que sería necesario para mitigar el problema, los beneficios de las grandes eléctricas se mantienen estables y sin embargo el problema sigue creciendo. 

Sirva de botón de muestra que la propia CNE (Comisión Nacional de Energía) ha manifestado, de manera pública y en repetidas ocasiones, las sospechas de que las subastas para fijar el coste de generación a través de la llamada TUR (Tarifa de Último Recurso) podrían no ser fieles a los costes reales. De hecho la propia CNE perdió la capacidad de auditar dichos costes cuando a principios de la década del 2000 dejó de analizar los costes para fijar lo que entonces se llamaba como tarifa de referencia. Esto hace, que a fecha de hoy, los únicos costes transparentes sean los de las energías renovables, lo que resulta irónico. Como ejemplo se puede destacar el coste de generación de la central nuclear de Garoña que ha pasado según los propios argumentos de sus dueños de ser una gran pérdida para el sistema (al ser una central completamente amortizada pero con plena y segura capacidad de operar) a ser una fuente de grandes pérdidas económicas por los nuevos esquemas fiscales. Y nadie ha dado explicaciones adecuadas.

Todo ello me lleva a concluir, que en un sector regulado como es el caso con una situación de oligopolio de facto, la dejación de funciones por parte de la Administración a la hora de controlar los costes reales y la falta de transparencia de los mismos está llevando a un descontrol en los precios que se repercuten al usuario final y a la existencia de una deuda política cuando menos cuestionable.

La segunda de las preguntas tiene su intríngulis. Siendo cierto que a las instalaciones fotovoltaicas se les ha aplicado un ajuste de dudoso carácter legal, y que en el mejor de los casos ha puesto en la picota la seguridad jurídica del país, no parece que se esté reflejando en los costes de las primas al sector de las renovables. Dichos recortes para situar al lector ajeno al sector suponen un recorte de las primas en el entorno del 30%-35% en el periodo 2011 a 2013 y del 20%-25% en los años posteriores. Una parte importante (rondando el 30%) proviene de la limitación de horas de producción primadas y otra parte del nuevo impuesto del 7% a la generación (normalmente los impuestos se aplican a los beneficios pero en este caso la creativa administración los ha diseñado para ser aplicados a la propia prima que el estado define con lo cual de facto son un recorte directo). Además, a diferencia de lo que ocurre con las tecnologías convencionales, el IPC en las instalaciones fotovoltaicas está minorado en un 0,5% para que se produzca una convergencia con el paso de los años.

El ajuste duro que se ha aplicado a las instalaciones fotovoltaicas se está dilapidando por el crecimiento sin control en las primas a las plantas termosolares y las plantas eólicas. La diferencia entre las primeras y las dos últimas clases de instalaciones es que aquellas pertenecen en su mayoría a pequeños inversores y estás a grandes grupos empresariales. A pesar de la moratoria tanto las plantas termosolares como las eólicas han proseguido su despliegue incrementado los costes por encima de los ajustes que se han aplicado a las instalaciones fotovoltaicas.

Esto vuelve a ser una dejación de funciones por parte de la administración que en este caso pagan a través del Déficit de Tarifa los usuarios finales y a través de la perdida patrimonial los afortunados poseedores de instalaciones fotovoltaicas que en su día confiaron en la "Palabra de Ley" del Estado y la famosa "Garantía Jurídica". Palabras huecas.

La tercera de las preguntas es más dolorosa. En Alemania, a fecha de hoy, hay más de 1,3 millones de instalaciones. El coste de las ayudas a las energías renovables, que se repercute de manera directa al usuario final (como en su día se hizo en España con el tema de la moratoria nuclear) en forma de 5,3 c€/kWh se considera una inversión que está haciendo la sociedad alemana para el desarrollo de una industria puntera que será fuente de generación de riqueza tanto en el propio mercado nacional como en exportación.

Si sumamos el coste del kWh de producción eléctrica más el recargo de 5,3 c€/kWh para financiar el sector renovable veremos que el coste de electricidad para el consumidor final en Alemania es más alto que el que tenemos en España. Por lo tanto no es cierto que nuestro sistema de apoyo a las energías renovables esté disparando el coste de la electricidad por encima de los países de nuestro entorno afectando a nuestra competitividad. Lo que si es cierto es que el artificio contable del Déficit de Tarifa en Alemania no existe, porque en realidad es un artificio contable de origen político.

Si me lo permiten, otra muestra más de dejación de funciones de la Administración. Todo el esfuerzo para desarrollar una sector industrial puntero (no conozco muchos ejemplos de ello en nuestra economía) se está dilapidando. Todo lo que supuso la creación de un tejido industrial que generó decenas de miles de puestos de trabajo y que atrajo inversión extranjera de la que estamos tan necesitados no ha sido utilizado para la creación de una industria que suponga un puntal en el desarrollo económico de los años venideros. No sugiero que se deba seguir fomentando en base a subsidios el desarrollo del sector porque de hecho en mi modesta opinión los desarrollos futuros no deberían necesitarlos pero me parece un desperdicio dilapidar la garantía jurídica, llevar a la quiebra a un tejido de pequeñas y medianas empresas, y denostar la tecnología propia.

Por último, como he querido dejar claro en el artículo, la responsabilidad de la Administración en el desaguisado actual, no importa su color político, es total. Las cosas no se arreglan inventando impuestos, destruyendo la seguridad jurídica de Reales Decretos, o favoreciendo a los grandes oligopolios. Nos merecemos mejores administradores.

martes, enero 11, 2011

¿Como fue posible? Íbamos a por 400 y volvimos con 4.000

La energía solar, en cualquiera de sus vertientes, es una de las opciones de mayor futuro ya que auna una menor variabilidad, una capacidad de recorrido tecnológico muy grande, y una posibilidad de integración tanto en espacios públicos como en combinación con fuentes de generación convencionales.

Recientemente se ha certificado el primero de los paneles de uso industrial con rendimientos del 25% frente al 16-19% de los actuales. No tengo muchas dudas acerca de que la fotovoltaica va a convertirse en una fuente de generación de gran desarrollo a nivel mundial.

Desde un punto de vista legislativo y regulatorio, el caso de la eólica es un paradigma de como un buen mecanismo regulador puede servir para llevar una tecnología de la mano acompañando un crecimiento industrial y empresarial (IBERDROLA Renovables, GAMESA, INGETEAM o ACCIONA Energía) y una madurez tecnológica (si se fuera valiente y con la sola obligación de adquirir la energía generada la eólica está muy cerca de no necesitar ninguna prima).

El caso de la solar fotovoltaica es el paradigma de lo contrario; cualquiera de las opciones que se barajan (limitación de horas por poner un ejemplo candente) no favorecen la búsqueda de la eficiencia y el mayor tecnólogo español está al borde de la bancarrota arrastrado por un sinsentido legislativo. Cualquier recorte de primas es absurdo porque se iniciaría una perdida de valor en entidades financieras y propietarios que en realidad han pagado a tecnólogos y promotores el valor de la instalación en función de un marco retributivo. Por otro lado es indudable que se producirá un aparatoso proceso jurídico de denuncias y reclamaciones, amen de la falta de credibilidad legislativa. Como muestra un botón, la prensa internacional ha recogido y advertido de las funestas consecuencias que una decisión de tal cariz conllevará para las futuras inversiones extranjeras y para el precio de la deuda soberana.

El PFER 2000-2010 (Plan de Fomento de las Energías Renovables) marcaba un objetivo a desarrollar de 150 MW de potencia instalada fotovoltaica, que posteriormente fue ampliado por el PER 2005-2010 (Plan de Energías Renovables) a 400 MW. Vamos a ver como evoluciona todo en el tiempo.


La linea azul es la potencia instalada en términos acumulados. La línea roja es el objetivo del PER 2005-2010 para esta tecnología. Los círculos identifican la entrada en vigor de los 3 Reales Decretos que articulan y legislan el desarrollo del sector.

El RD 436/2004 entra en vigor el 12 de Marzo de 2004, en el último consejo de ministros del gobierno saliente de José María Aznar. En lo que se refiere a la fotovoltaica, trata de dar un impulso al desarrollo de la misma pasando de instalaciones de 5 kW a 100 kW, modificando el RD 2818/1998. A final de 2003 solo se habían instalado 11,4 MW por lo que se trataba de dar un incentivo al desarrollo con el objetivo de lograr los 150 MW del PFER 2000-2010.

Ese mismo año se publica el PER 2005-2010 que eleva a 400 MW el objetivo. En Mayo de 2007, el ejecutivo publica el RD 661/2007. Tiene 2 objetivos fundamentales, el primero es el de modular el crecimiento de las distintas tecnologías, ajustando la retribución a un valor "razonable". La razonabilidad se fijó en un TIR del 7% a 20 años con lo que se diseñaron las primas a partir de los costes reales a esa fecha y este criterio de rentabilidad. Este previsible ajuste a la baja en la retribución provocó una aceleración del despliegue de instalaciones en el primer trimestre de 2007, con anterioridad a la publicación del RD, como se puede apreciar en la gráfica.

En segundo lugar, y dado que tanto la eólica como la fotovoltaica se acercaban a los objetivos del PER 2005-2010, definir el punto de fin de validez del marco legal.

"Una vez se alcance el 85 por ciento del objetivo de potencia para un grupo o subgrupo, establecido en los artículos 35 al 42 del presente real decreto, se establecerá, mediante resolución del Secretario General de Energía, el plazo máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean inscritas en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial con anterioridad a la fecha de finalización de dicho plazo tendrán derecho a
la prima o, en su caso, tarifa regulada establecida en el presente real decreto para dicho grupo o subgrupo, que no podrá ser inferior a doce meses.
Para ello la Comisión Nacional de Energía propondrá a la Secretaría General de Energía una fecha límite, teniendo en cuenta el análisis de los datos reflejados por el sistema de información a que hace referencia el artículo 21 y teniendo en cuenta la velocidad de implantación de nuevas instalaciones y la duración media de la ejecución de la obra para un proyecto tipo de una tecnología."

Este segundo elemento provocó la aceleración del despliegue de plantas fotovoltaicas, todavía más acusada, una vez se publica el Real Decreto.

En la fecha de publicación, la potencia fotovoltaica instalada es de 272 MW (62% PER), pero la CNE, que debe fijar la fecha de fin de cobertura del marco jurídico, no lo puede saber. Existe gran retraso en la disponibilidad de la información al estar los registros en cada comunidad. Por lo tanto, con un valor de potencia instalada conocido mucho menor, se establece la fecha de 28 de Septiembre de 2007, como el momento en el que se alcanzará el 85%, y por tanto el marco legal se extiende hasta el 28 de Septiembre de 2008 de acuerdo con lo establecido en el RD. En realidad a final de Septiembre de 2007 se había alcanzado el 117% del objetivo del PER. Este desajuste y desconocimiento del proceso de despliegue de plantas viene fundamentalmente dado porque todas las competencias administrativas, industriales y medioambientales, están transferidas a las comunidades autónomas que son quienes autorizan las nuevas plantas pero no así con los costes asociados para retribuirlas.

La mera existencia de la fecha de fin del marco legal vuelve a provocar otro acelerón. Y por último el desconocimiento por parte del sector de cual iba a ser el marco legislativo con posterioridad a dicha fecha vuelve a provocar otro acelerón. Podemos apreciar en la gráfica como el segundo y tercer trimestre de 2008 son un hervidero de actividad.

El RD 1578/2008 se publica el 27 de Septiembre, implantando la necesidad de un registro central único, mecanismo que no había sido diseñado. El tiempo de despliegue provoca una brusca desaceleración del sector que conlleva despidos y quiebras. A mediados de 2009 arranca el proceso de nuevo.

El resultado es devastador: 180 MW en 10 años, y 3.000 MW en 1 solo año. Pero lo de la fotovoltaica amenazaba con ser una pequeña broma ya que a finales del 2009 existían 8000 MW de proyectos termosolares inscritos en el registro previo para un plan previsto de 500 MW. Si a todo esto sumamos un despliegue de los ciclos combinados por encima de los objetivos, un plan en ciernes de ayudas a las térmicas con el carbón nacional y una crisis que ha retraído el consumo interanual hasta niveles de Junio de 2006 (lo cual equivale a que se ha destruido el PIB generado desde entonces) pues tenemos un cóctel bastante explosivo (y eso que no meto en la ecuación el affaire SONATRACH que disparará el coste del gas natural en más de un 30% muy posiblemente debido a una curiosa liberalización del mercado)

Por último el 23 de Noviembre de 2010, se publica el RD 1565/2010 que recorta las primas a futuras instalaciones y de manera retroactiva modifica la duración del mecanismo retributivo a 25 años. Solo un mes después, el 23 de Diciembre de 2010, se publica el Real Decreto Ley RDL 14/2010 que de manera retroactiva reduce en el entorno de un 30% las horas que se retribuirán de acuerdo al RD 661/2007. Si pensamos que dichas tarifas se pensaron para dar una rentabilidad "razonable" del 7% a 20 años y que en su mayor parte son inversiones apalancadas alrededor de un 80% nos podemos temer una serie de quiebras y bancarrotas personales.